Intendente de José C Paz quedó comprometido en la investigación a punteros políticos que se quedarían con parte de los planes sociales
El actual alcalde de José C. Paz, Carlos Urquiaga, fue designado en 2010 por el entonces intendente, Mario Ishii
Una causa de lento movimiento en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín y la ley de Policías Locales, trabada en la Cámara de Senadores de la Provincia, se cruzaron en las últimas semanas de un modo inesperado, pero propio de la política vernácula. Y fue uno de los protagonistas el encargado de embarrar el terreno, mezclando ambas circunstancias, aunque a priori corran por carriles totalmente disímiles.
La investigación judicial, en la que están imputados por presunta malversación de fondos (por el desvío de dinero de planes sociales) el intendente de José C. Paz, Carlos Urquiaga, y un hermano suyo, fue utilizada por el senador, y ex jefe comunal de ese distrito, Mario Ishii para denunciar “presiones” dirigidas a torcer su voto en la Cámara Alta en la polémica y demorada ley de Policías Locales. El legislador prometió acompañar en general pero con objeciones en algunos puntos en particular, en consonancia con el Frente Renovador.
Lo curioso es que el secretario del juzgado de la doctora Alicia Vence, quien interviene en el caso Urquiaga, aseguró que Ishii no está involucrado en el mismo; incluso el propio legislador asegura no estar denunciado por ninguna comisión de delito. Sin embargo, el senador dijo que la Secretaría de Inteligencia (SI) lo estaba involucrando en el caso, y que operaba periodísticamente para que se hablara del tema en diarios nacionales mientras se votaba en el Senado.
La causa
El actual alcalde de José C. Paz, Carlos Urquiaga, fue designado en 2010 por el entonces intendente, Mario Ishii, como titular de la Unidad Ejecutora del Programa Ingreso Social con Trabajo. Un año después Urquiaga reemplazó al barón al mando de la Comuna, y a la postre designó a su hermano, César Urquiaga, al frente de la secretaría que él antes manejaba, y desde donde se controlaba el funcionamiento de los planes sociales del distrito.
Ahora, los hermanos Urquiaga fueron procesados por la Justicia. Aun sin dictar la prisión preventiva, la jueza federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín, Alicia Vence, de acuerdo a la investigación, procesó al intendente y su hermano porque tendrían punteros en diferentes zonas de José C. Paz encargados de exigirles a los vecinos el pago de hasta 500 pesos a cambio de no darlos de baja en los programas sociales. La causa tiene como número de expediente el 129/13 y está caratulada “González Laura Sandra y otros sobre defraudación contra la admistración pública”.
Paul Starc, fiscal federal de Tres de Febrero, es quien llevó adelante la investigación y determinó que los hermanos “delegaron intencionalmente el poder de control sobre el correcto cumplimiento del programa en personas que utilizaron dichas prerrogativas en beneficio propio”.
La jueza del caso aceptó la investigación de Starc, quien los culpó de supuesto incumplimiento de funcionario público (por omisión), a partir de las pruebas que adquirió en una averiguación que comenzó hace cuatro años. Tras los cargos presentados, desde el juzgado expresaron que “esa delegación del control no pareciera ser negligente, sino intencionada y deliberada.
Bien puede relevarse el motivo por el cual los Urquiaga no cumplieron con su función de control, pues sus cuestiones de interés personal relacionadas a su plan político habrían pesado más que el adecuado desempeño en la función que les asignaron”.
Según las pruebas acumuladas por la fiscalía, varias mujeres que oficiaban de punteras barriales pedían a los beneficiarios de los planes Trabajar y Argentina Trabaja el 50 por ciento del dinero que percibían “a cambio de no darles de baja del plan cuando tenían dificultades de asistir a las cooperativas en las que realizaban la contraprestación del beneficio”, afirmaron fuentes judiciales a La Tecla.
Dos de las apuntadas por la Justicia por exigirles dinero a los titulares de los planes sociales son Jesica Karina González y María Teresa Zamora. Además, las acusadas les ordenarían a los beneficiarios que destinaran entre 50 y 100 pesos para incrementar un fondo común de una cooperativa que, en realidad, según apuntaron las mismas fuentes judiciales, se utilizarían para necesidades propias. Este medio se comunicó con María Teresa Zamora, pero los intentos para obtener alguna respuesta que arroje claridad al caso, fueron infructuosos.
Para los Urquiaga, el avance de la investigación es un verdadero dolor de cabeza, y la mediatización del caso, vinculándolo a otro asunto distante, tampoco es una buena noticia.
Ishii: que sí, que no
Si bien desde el juzgado aseguraron que Ishii no está procesado en la causa, y el propio senador afirma que no aparece entre los investigados, algunas informaciones de las últimas semanas no dejan tan indemne al ex intendente paceño. ¿Tuvo participación en las supuestas maniobras con la distribución de planes de empleo entre desocupados durante su administración? De eso deberán encargarse el fiscal Starc y la jueza Vence.
El asunto es que el propio Ishii apresuró su entrada en ese terreno sinuoso, al denunciar “aprietes de la SIDE” y de medios periodísticos afines al gobierno (ver recuadro) involucrándolo en el caso de los planes sociales.
“Dos mujeres negociaban un plan de 500 pesos, y por eso procesaron al intendente de José C Paz, o a dos mujeres, o a cuatro personas”, se quejó el senador, en el recinto primero y ante los medios después, cada vez que lo consultaron. Agregó que “es vergonzoso ver cómo se mueve la Justicia políticamente”.
El hombre del poncho prosiguió: “Resulta que yo trabajé doce años en un municipio, que me retiré con el 74 por ciento de en el distrito más pobre de la provincia de Buenos Aires, pude hacer 400, 450 obras -me ayudó Néstor Kirchner-, y he hecho cuanto acto me ha pedido para poder bancar este modelo, y me ha mandado a pelear con Mike Tyson y he ido, sin saber por qué, pero la conducción mandaba”.
Ishii también indicó que “llegó la hora de decirnos las verdades; si van a seguir tapando todo esto (la presunta participación de la Secretaría de Inteligencia), van a seguir de rehén desde el primero hasta el último compañero dirigente. Hoy, todos los que estamos acá estamos siendo escuchados por los mismos tipos que entregaron a nuestros compañeros. Así como tienen la fuerza de las escuchas, tienen la fuerza de la extorsión, y ningún juez se banca que lo extorsionen, porque, por una cosa o por la otra, si fueron escuchados, tienen miedo”.
Agregó el legislador que “mañana te mandan dos planes de 500 pesos que una mujer le sacaba a otro ¿Cuántos planes hay en la provincia de Buenos Aires? 400, 500 mil; no sé cuántos. Y porque una mujer, que uno no sabe si no tiene 7 u 8 mil planes, le saque un plan a otro ¿van a hacer lo que hicieron, procesar al intendente? Lo que están buscando es callarme la boca, y yo no me voy a callar, porque yo tengo un enemigo, y el único enemigo que tengo se llama la SIDE nacional, que no trabaja para el Gobierno, trabaja para ellos, para extorsionar a los jueces y a todo lo que pueda extorsionar para juntar los recursos ellos”.
“¿Cómo lo hicieron callar a Zannini?”, se preguntó el senador. Y dio la respuesta: “Metiéndole una causa. A cada compañero le meten una causa y lo tienen de rehén. Por eso les digo que tengamos cuidado y sepamos dónde estamos parados. Ahora nosotros no podemos decir que no lo sabemos, y después, conmigo que hagan lo que quieran. Asumo todo lo que digo, pero no me voy a callar”. Un colega del Frente para la Victoria no pudo evitar la reflexión: “Si dice que no está en la causa, ¿por qué se queja de que lo aprietan con eso?”.Fte.latecla
