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JUSTICIA: Usurpación de autoridad

hugo1Artículo producido por el Dr.Hugo López Carribero. Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial
por doble tiempo,  el que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin
título o nombramiento expedido por autoridad competente.

De la misma manera el que después de haber cesado por ministerio de la ley
en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la
autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la
cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas.

En el mismo delito incurrirá el funcionario público que ejerciere
funciones correspondientes a otro cargo.

Este delito consiste en asumir o ejercer funciones públicas sin título o
nombramiento expedido por autoridad competente; o el que hallándose
cesante o suspendido en un cargo público continúe ejerciendo las funciones
que a tal cargo son anexas, y el funcionario público que ejerce funciones
correspondientes a otro cargo. Tal los actos que constituyen usurpación de
autoridad.

El propósito tenido en cuenta por el legislador al disponer acerca de este
delito, se desprende claramente que ha sido el de mantener la pureza en la
administración pública, sin que desconozcamos por eso que hay casos en que
el perjuicio ocasionado por efectos de los mismos delitos, es superior a
la lesión producida a la administración en esa, su pureza.

La ley se refiere no al simple particular que carezca de título o
nombramiento, en cuyo caso no podría ser considerado como funcionario
público, ya que sólo es tal el que ejerce funciones con título o
nombramiento de autoridad competente. La aceptación de tal nombramiento da
al que acepte carácter de empleado y el ejercicio de las funciones que
corresponderían al cargo, si hubiere sido regularmente encomendado,
importa la ejecución del delito que nos ocupa.

En la Constitución y las leyes dictadas en consecuencia, está determinada
la competencia de las autoridades para el nombramiento de los empleados
públicos. La ley castiga al que asumiere o ejerciere las funciones
públicas. No se requiere la concurrencia de ambos hechos y basta, para que
el delito exista, uno solo. Aunque no se ejerza la función basta que se
asuma, es decir que se usurpe el cargo de funciones de cualquier
naturaleza, sean políticas, administrativas, municipales, judiciales o
policiales.

Si hubiere asumido o ejercido una función pública ilegalmente para cometer
otro delito de gravedad mayor se aplicará un agravante. Tal sería el caso
del que simulara ser empleado de policía para apoderarse de efectos que no
le pertenecen. En el segundo caso prevé el cese automático del ejercicio
de las funciones públicas por ministerio de la ley, o que habiendo
resuelto la autoridad competente, y notificado al funcionario público su
cesantía o suspensión, continuara ejerciendo las funciones públicas ya
encomendadas.

Se requiere para que el delito se cometa que la cesantía o suspensión haya
sido decretada con arreglo a la ley, que las disposiciones de ésta
respecto a la competencia, formalidades y comprobación de causa en los
casos en que la ley lo exija hayan sido observadas.

Otro requisito es el de la comunicación oficial de la cesantía, o
suspensión al empleado o funcionario, pus de lo contrario no aparecería en
el destituido la intención de delinquir.

La tercera situación resulta bastante amplia por los términos que la
establece; produciéndose siempre que un funcionario público ejerza
funciones que por ley correspondan a otro cargo.

Sin embargo, esta interpretación no debe seguirse al pie de la letra, y
los jueces en los casos ocurrentes, gozarían de cierta libertad de
apreciación en la resolución de aquellos casos en que el funcionario, si
bien ha ejercido atribuciones que efectivamente no le correspondía, sea la
causal, lo ambiguo o falta de aclaración legal terminante que lo haya
hecho incurrir en error en las atribuciones conferidas. Se requiere la
ejecución voluntaria y a sabiendas, de actos que sean resorte de otro
cargo y para lo que era originariamente competente.

Aún dentro del error, los actos realizados por el funcionario incompetente
no han de apartarse de las disposiciones legales, pues si así ocurriera,
pasaría a constituir el delito de abuso de autoridad.