EL PRESIDENTE MILEI ANALIZA UN FUERTE RECORTE DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS OBRAS SOCIALES SINDICALES
El Gobierno nacional busca correr a los intermediarios sindicales para que el beneficio llegue directamente a los trabajadores. La CGT en alerta
La Confederación General del Trabajo (CGT) observa con atención los movimientos del Gobierno nacional, luego de que diferentes funcionarios deslizaran la posibilidad de que Javier Milei avance hacia un recorte en los subsidios a las obras sociales sindicales para que el beneficio llegue directamente a los trabajadores que aportan al sistema.
En una suerte de reacción al paro general organizado por la CGT el pasado 24 de enero, Milei pidió la elaboración de informes sobre el reparto de fondos a las prestadoras médicas para analizar su funcionamiento. Si bien todavía no hubo un anuncio oficial, el Gobierno estudia un ajuste sobre la caja que financia a las obras sociales sindicales para terminar de correr a los intermediarios.
En la Casa Rosada aseguran que el objetivo es llegar con el beneficio directamente a quienes lo necesitan, en este caso los trabajadores que aportan al sistema. Esto implicaría limitar el control que tienen los gremios actualmente sobre una caja importante como lo es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios.
La distribución del subsidio se instrumenta desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que hoy se encuentra a cargo de Gabriel Oriolo, luego de la fugaz salida de Enrique Enrique Rodríguez Chiantore, funcionario que tenía el aval de los sindicatos en el inicio de la gestión libertaria. A través del FSR se financian los servicios de transporte y educación para discapacitados, entre otros aspectos.
El Gobierno de Milei ya había cuestionado el rol de los sindicatos en las prestaciones de salud con el lanzamiento del DNU 70/23.
EL RECLAMO DE LOS SINDICATOS AL GOBIERNO
El secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, explicó a La Nación que en 2023 hubo un compromiso por parte del gobierno de Alberto Fernández de entregar $132.000 millones para cubrir los gastos adicionales a los que tienen las obras sociales sindicales, pero que hasta enero de 2024 solo se acreditó la suma $70.000 millones y luego no se pagó más. En concreto, los gremios reclaman los $62.000 millones restantes.
“El panorama es muy incierto”, aseguró Lingeri, al tiempo que precisó que la falta de esos recursos podría impactar en la atención de las prestaciones por discapacidad, una de las más costosas del plan de salud. Los sindicatos se encuentran ante la posibilidad de un ajuste que afectará directamente a las obras sociales sindicales.
