POLITICA: El Jefe de Gabinete defendió la aprobación del revalúo rural
El gobierno bonaerense de Daniel Scioli salió a defender hoy el trámite legislativo para la aprobación de la reforma impositiva y se desligó de las sospechas sobre el ofrecimiento de sobornos que involucra al vicepresidente de la Cámara y líder de La Cámpora, José Ottavis.
“Estamos seguros de que la aprobación de esta ley fue intachable. El gobernador firmó el revalúo por decreto y eliminó el cobro de ingreso brutos a las cooperativas, esas cosas liberaron la votación”, afirmó el jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, el primer funcionario de la administración provincial en referirse al tema.
El funcionario de Scioli se expresó de esta forma luego de que Ottavis le reclamara públicamente a él y al gobernador que sentaran postura sobre el tema, que ya es investigado por la justicia platense.
“Ottavis fue contundente al decir que fue un chusmerío”, minimizó Pérez a radio La Red y recordó que para llegar al quórum el oficialismo debió hacer varias concesiones ante la oposición luego de dos frustrados intentos en sesiones anteriores.
El escándalo surgió luego de que se publicaran en el diario Clarín fotos del celular de Ottavis en el recinto, donde figuraba un presunto mensaje de la diputada kirchnerista Rocío Giaccone que señalaba: “150 mil por cabeza ofrecían a los diputados de la opo, según palabras de Valeria Arata. Se está corriendo eso…”.
El fiscal platense Marcelo Romero intervino de oficio y anticipó el pedido a la Cámara de Diputados del listado de legisladores presentes en la sesión y el envío de una requisitoria a las empresas telefónicas para obtener los mensajes intercambiados.
“La justicia lo está investigando. La diputada que se menciona en el chat dijo que ella no hizo el comentario, Ottavis aclaró que era un chusmerío, no hay más. Es bueno igual que la Justicia investigue”, señaló Pérez al respecto.
Mientras tanto, el fiscal Romero solicitó este lunes que la investigación pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) debido de que los hechos que se analizan involucran a funcionarios públicos.
Fuentes judiciales informaron que Romero firmó un escrito que dirigió al fiscal general Héctor Vogliolo, en el que solicita que, por el tenor del hecho investigado y la posible participación de miembros de un poder del Estado -en este caso legisladores-, se dé intervención a la UFIC que integran los fiscales Esteban Lombardo y Jorge Paolini.
Esa UFIC es la que participa en todas aquellas causas que involucran a poderes del Estado y funcionarios, y también es donde quedó radicada una primera denuncia del presidente de la UCR bonaerense, Miguel Bazze.
En su presentación a Vogliolo, el fiscal Romero pidió que los legisladores colaboren en la investigación: “Como representante de la comunidad en los procesos penales, es mi deber exhortar a quienes detentan investiduras erigidas por elección de la ciudadanía, a que presten la más absoluta colaboración ante la complejidad del ilícito en tratamiento”, indicó.
Y a ese pedido le agregó una frase sugestiva: “Cuando empieza el deber se termina la amistad”.
Además, Romero sostuvo que “es el Estado quien tiene el deber primordial de velar y asegurar la vigencia del Estado de derecho formal y material, ello, sin que nadie tenga la potestad de sentirse ofendido o herido en su susceptibilidad ni, mucho menos, considerar tal situación como una afrenta”.
“La realización de la Justicia es atribución de los integrantes de la administración de justicia y de los miembros de la Procuración, más resulta responsabilidad de todos y todas, especialmente de los integrantes de los poderes públicos, coadyuvar a que tal valor supremo se concrete día a día”, concluyó.