EN LA GUERRA CONTRA LA INFLACIÓN EL GOBIERNO PIENSA EN AUMENTOS POR DECRETO LA HERRAMIENTA QUE UTILIZÓ KIRCHNER Y DUHALDE

Con el acuerdo con el FMI sellado, hoy la principal discusión del Gobierno pasa por cómo por cómo contener la inflación y hacer crecer el poder adquisitivo de los salarios, o al menos evitar que se siga deteriorando. Entre los últimos días de la semana pasada y el fin de semana se dieron algunos movimientos que pusieron sobre la mesa una vieja y conocida receta que el peronismo utilizó más de una vez: los aumentos salariales por decreto. Voces a favor y en contra salieron a expresarse sobre esa posibilidad que, en medio de las reuniones entre el Estado, empresarios y sindicatos, asoma como una nueva carta para jugar frente al difícil momento económico.

El miércoles pasado, el Ministro de Trabajo Claudio Moroni lanzó una polémica afirmación en una entrevista con Roberto Navarro que agitó la discusión redistributiva al interior del oficialismo: “Los primeros aumentos que se aplican en los primeros meses han rondado el 18 o el 21%. Sumado al 4% que los salarios superaron a la inflación en el año pasado, hoy no estamos viendo que se haya afectado el ingreso real de los asalariados públicos y privados” afirmó Moroni. Las críticas no tardaron en llegar, acusando al Ministro de no considerar el enorme porcentaje de la población que no percibe ingresos regidos por los convenios colectivos de trabajo y los que viene perdiendo frente a la inflación.

Quién tomó la voz por parte del kirchnerismo fue el Ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien admitió diferencias en el oficialismo sobre este punto. “Así como el FMI generó una discusión dentro del Frente de Todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando donde no hay coincidencias” dijo el Ministro en la frase que más rebotó el fin de semana. Moroni había afirmado que las paritarias serían reabiertas todas las veces que fuera necesario como respuesta al contexto inflacionario, marcando allí lo que para él debe ser la principal espada del Gobierno. De Pedro, confirmando las diferencias con esa mirada, expresó que se necesitan tanto “políticas más contundentes en la cadena de valor” como “políticas activas en función del salario”. El objetivo central para el Ministro kirchnerista es “garantizar a ese segmento de los ciudadanos que los salarios le ganen siempre a la inflación”, en referencia al sector de la economía informal y los que no están llegando con las paritarias a cubrir los aumentos de precios.

INFLACIÓN, SALARIOS Y PODER ADQUISITIVO

Los datos certeros son dos: por un lado, la inflación de marzo informada por consultoras y que el INDEC comunicaría la semana que viene superaría el 6%. Tres mediciones privadas arrojaron cifras similares: Focus Market ubicó el índice de marzo en un 5,8%, Eco Go lo situó en un 6,2% mientras que LCG en 6,3%. De confirmarse estas mediciones, marzo sería el tercer mes desde que el INDEC dejó de estar intervenido que arrojaría un valor superior al 6%. Los dos anteriores fueron los registros macristas de 6,7% en abril del 2016 y 6,6% en septiembre de 2018. Además, la suba se sintió fuerte una vez más en alimentos, fundamentalmente empujados por el alza de la harina que alcanzó el 20,8% producto del impacto de la guerra. Pan de molde (20,8), tapas de empanadas (13,2%), fideos (10,4%), pastas frescas (10,4%), tapa de tarta (10,2%) son algunos de los productos que lideran el ranking de aumentos por sobre el índice general, a los que hay que sumar los huevos (19,2%) y las carnes (

En respuesta a este contexto, la pauta de aumento salarial que bajó desde Economía y se concretó en el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de 45%. El salario mínimo llegará de esa manera a $47.850 recién en diciembre, y el primer aumento para este mes de abril lo coloca en $38.940. Con la canasta básica en $83.807, una familia que perciba dos salarios mínimos en abril quedará casi seis mil pesos por debajo de ese valor.

Esto marca la encerrona en la que se encuentra el Gobierno. Con la economía creciendo a un ritmo superior al esperado, que el año pasado superó el 10% y recuperó toda la caída de la pandemia, el desempleo en 7%, el nivel más bajo desde 2015 bajo el gobierno de CFK, y una caída de 3,3 punto porcentuales de la pobreza en el último trimestre de 2021, podría decirse que el oficialismo debería estar festejando. Sin embargo, el descontrolado ritmo inflacionario pulveriza el poder adquisitivo de los salarios, haciendo que los indicadores antes mencionados no se materialicen en un efecto palpable en la población que mejore la imagen del Gobierno. Por eso, la guerra contra la inflación es una guerra por la supervivencia.

CUANDO DUHALDE Y NÉSTOR KIRCHNER AUMENTABAN POR DECRETO PARA SALIR DE LA CRISIS

Para esa supervivencia el oficialismo discute una carta que está en el menú de opciones de gobiernos peronistas. Se trata de la posibilidad de aumentar salarios del sector formal privado y el público por decreto presidencial. Hay antecedentes de estas medidas en casi todos los gobiernos recientes, así como también pros y contras en el momento político y económico actual.

En julio del 2002 y en plena crisis por la salida de la convertibilidad, el gobierno de Eduardo Duhalde decretó un aumento no remunerativo y de “carácter alimentario” de cien pesos para todos los trabajadores del sector privado comprendidos en los convenios colectivos de trabajo. En ese entonces, el aumento significaba unos 24,40 dólares mensuales y regía hasta el 31 de diciembre del 2002.

Para fin de ese año y con la cercanía de las elecciones que se realizarían el 27 de abril y que consagrarían a Néstor Kirchner como Presidente, Duhalde aumentó nuevamente por decreto llevando el monto inicial a $130 durante enero y febrero del 2003 y a $150 a partir de mediados de ese año. Ya como primer mandatario, Kirchner le otorgaría el carácter de remunerativos a  esos montos y aumentaría $50 mensuales más a partir de enero de 2004.

Con la incorporación de esos $200, que luego llegarían a $224, a los salarios formales, Kirchner estableció un nuevo piso para las negociaciones salariales, a las que también se impulsó con medidas como la convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que no se reunía desde 1993. En Marzo del 2004 se coronó aquel proceso virtuoso con la sanción de la Ley 25.877, que derogó la famosa “Ley Banelco” de flexibilización laboral y cristalizó un nuevo marco para las negociaciones colectivas, dando vuelta la página del período de los aumentos por decreto.

BONOS A JUBILADOS, AL POTENCIAR TRABAJO, ¿Y A LOS ASALARIADO?

El Gobierno del Frente de Todos ya viene utilizando la metodología de los aumentos por decreto. Entre enero y febrero del 2020 se otorgaron $4000 a trabajadores en relación de dependencia del sector privado como parte de la emergencia económica. A fines del año pasado se otorgó un bono de $20000 a trabajadores estatales. Esta semana la ANSES determinará los detalles del bono de $6000 para los jubilados de más bajos ingresos. Mañana martes, beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo cobrarán el bono de $6000 que fuera anunciado a mediados de marzo y con acampes en la 9 de julio como los que se vieron la semana pasada y los nuevos que los movimientos sociales evalúan para el resto de abril.

Esta metodología de asignaciones directas presenta algunas ventajas y desventajas en el contexto actual. Algunos economistas afirman que en el escenario inflacionario en que se encuentra el país, los aumentos del poder adquisitivo vía paritarias contribuyen a empujar las expectativas inflacionarias y se trasladan más fácilmente a precios. Esa es una de las razones por las que el Ejecutivo plantó bandera en un 45% de incremento salarial como referencia buscando un ancla para la inflación. Desde esta postura, los aumentos por decreto no tendrían el mismo efecto inflacionario que unas paritarias al alza.

Otro de los argumentos que se esgrimen a favor de esa metodología es su progresividad. Al ser aumentos uniformes para todos los sectores, representan en términos de salario real un incremento mucho mayor para los sectores de más bajos salarios. Un bono de $10.000, por ejemplo, representaría un 20% de un salario de $50.000 y un 5% para uno de $200.000.

Dentro de las críticas a este enfoque está, fundamentalmente, la cuestión de la discrecionalidad y las dificultades en la aplicación. Un aumento paritario es un derecho adquirido para los trabajadores al que las empresas no pueden oponerse y que queda establecido hacia adelante. Un aumento por decreto depende de por cuánto tiempo sea establecido y quedará sujeto a las objeciones que se planteen desde los distintos sectores del empresariado. Un bono por única vez claramente no significaría más que un parche en la difícil coyuntura económica.

A todo este contexto hay que agregarle además dos elementos de carácter político. Por una lado, las ya mencionadas diferencias dentro del oficialismo, que lo debilitan a la hora de pensar en una imposición al empresariado. Por otro, las revisiones del Fondo que comenzarán a llegar en unos meses y exigirán políticas antiinflacionarias. Los dos aspectos están, a su vez, claramente conectados.

Si el Gobierno decidiera establecer un aumento por decreto, lo que significaría un shock redistributivo como pide el kirchnerismo, deberá dar pasos sobre seguro porque una vuelta atrás en un anuncio así sería catastrófico en términos políticos. Para ello el oficialismo debería alinearse y jugar en equipo de una forma que no se ve desde el conflicto interno por el acuerdo con el Fondo. Justamente en este punto podría empezar a suturarse esa herida, pero todo estará condicionado por lo que el organismo internacional plantee en sus próximas visitas al país.

Si bien el acuerdo no plantea límites explícitos a los aumentos salariales ni prohíbe incrementos por decreto, las metas antiinflacionarias son un eje desde el cual se podría cuestionar cualquier medida que, desde una visión monetarista, sea interpretada como tendiente a empujar la inflación. Las críticas que se efectuaron desde el kirchnerismo al momento del acuerdo por el condicionamiento que las revisiones del FMI podrían plantear a la política económica quizás encuentren en esta cuestión nuevo terreno fértil.

Entre todos estos vértices el Gobierno se debate cómo mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, que ya sufrió cuatro años de caída real consecutivos si se toman los promedios del total de la población. Sin una mejora palpable y sostenida en este aspecto, el Frente de Todos no podrá ni soñar con una reelección el año que viene. Sus actores lo saben, y la discusión está puesta en cuáles son los mecanismos más eficaces y con menos efectos colaterales para llevarla adelante. Con la inflación disparada y unas paritarias que difícilmente puedan ganarle en promedio al aumento de precios a lo largo del año, los aumentos por decreto empiezan a sonar en el debate público como una alternativa para la supervivencia.