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A TRAVES DE LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD SE PODRÁ CONVOCAR A PERSONAL POLICIAL RETIRADO

La emergencia es una medida a la que echaron mano los diversos gobiernos bonaerenses a raíz del flagelo de la inseguridad

El ministerio de Seguridad podrá convocar efectivos retirados, cambiar destinos y reubicar personal policial con el objetivo de reducir los índices del delito. Así está establecido en el proyecto que el Ejecutivo bonaerense giró ayer a la Legislatura y que declara la emergencia en el área.

Esa medida excepcional regirá por el término de un año, según consta en la iniciativa impulsada por la administración de María Eugenia Vidal.

La emergencia es una medida a la que echaron mano los diversos gobiernos bonaerenses a raíz del flagelo de la inseguridad. Aún antes de asumir, fue uno de los primeros anuncios del ministro Christian Ritondo que ahora se plasmó en el proyecto que la administración de Cambiemos pretende tener aprobado antes de fin de año.

MEDIDAS

Tras recordar los estados de emergencia que rigieron desde abril de 2014 durante el gobierno de Daniel Scioli, en el texto del mensaje enviado a la Legislatura se indica que frente a “la cuestión a resolver, se estima indispensable la adopción de un conjunto de medidas de similar tenor, en pos de contribuir a aumentar la seguridad ciudadana, eje central de la agenda de este gobierno”.

“En este sentido, se propicia fortalecer la institución policial y penitenciaria, potenciar sus áreas operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad”, añade.

Finalmente se destaca que las medidas propuestas “buscan contribuir al logro de tal objetivo, que resulta indispensable para que los ciudadanos puedan gozar y ejercer sus derechos, libertades y garantías constitucionales”.

En términos generales, el proyecto faculta al ministerio de Seguridad a adoptar “en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias para el logro de la finalidad” establecida en la declaración de emergencia, “pudiendo proceder a la reorganización y planificación de los aspectos de gestión, operativos y funcionales de recursos humanos y materiales del sistema de Seguridad Pública provincial”.

TAMBIEN EN JUSTICIA

La emergencia también comprenderá al ministerio de Justicia. Es que autoriza a ejecutar obras y realizar contrataciones de servicios y suministros a través de facultades que omiten o morigerar la intervención en esos proceso de los organismos de control tanto a la cartera de Ritondo como a la que está a cargo de Carlos Mahíques.

También se faculta a ambos ministerios a que, en función de la emergencia, efectúen en el ámbito de su jurisdicción las adecuaciones presupuestarias para atender los gastos “que demanden la implementación de las acciones a adoptar”.

Tanto Justicia como Seguridad podrán además celebrar convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, “a fin de gestionar la mejor aplicación de los recursos y llevar a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento” de la ley de emergencia.

Como se dijo, el ministro Ritondo tendrá facultades, una vez sancionado el proyecto, para convocar a personal policial retirado a prestar servicios, tal como lo hizo el anterior titular de Seguridad, Alejandro Granados.

Con ese fin, se faculta al ministro a establecer compensaciones salariales para esos efectivos.

También se incluye la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias como resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio, como así también jubilar o pasar a retiro.

Finalmente, se faculta al ministerio de Seguridad a reasignar personal y priorizar la afectación “a funciones operativas”.

El proyecto podría ser aprobado por la Legislatura la semana que viene, aunque no se descarta que existan planteos de la oposición en torno de algunos de los alcances de la declaración que impulsa el Ejecutivo provincial.

La emergencia en Seguridad rigió hasta abril de este año, cuando Scioli decidió no prorrogarla a raíz de que, en ese momento, el gobierno provincial consideró que había bajo el delito y, por lo tanto, no se justificaba mantener el régimen de excepción.Fte.ELDIA

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