LA PLATA: Mariotto impulsa una reforma legal que permitirá apartar preventivamente de su cargo a jueces y fiscales denunciados antes de ser suspendidos
Desde el Senado, donde tiene mayoría, impulsa una amplia reforma legal que permitirá apartar preventivamente de su cargo a jueces y fiscales denunciados, antes de ser suspendidos; examinar periódicamente la condición psíquica de los magistrados y poner puntaje u orden de mérito a todos los aspirantes a funcionarios.
El vicegobernador Gabriel Mariotto acordó con la esposa de Carlos Kunkel, la senadora Cristina Fioramonti, presidenta del bloque del Frente para la Victoria, avanzar con la reforma sobre “la corporación” judicial.
El paquete legal incluye tres proyectos, uno para modificar la ley de enjuiciamiento a magistrados; otro, el Consejo de la Magistratura, y el último, la Procuración. A éstos se sumará una ley de ética pública para magistrados y funcionarios públicos, acordado entre Mariotto y la oposición.
Pero esto no es todo: Mariotto propuso además fijar nuevos requisitos para selección del fiscal de Estado, que va en contra de la posibilidad de designar en ese cargo al ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, tal como se viene mencionando desde hace meses.
Mariotto busca dar una cruzada contra el Poder Judicial, al que considera una “corporación”, empezando por la Suprema Corte. El presidente de este tribunal preside también el Consejo de la Magistratura, que el kirchnerismo pretende “transparentar”. El jury a magistrados también es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial.
LOS CAMBIOS
En una de las medidas más polémicas, el kirchnerismo busca introducir reformas en la ley de enjuiciamiento a magistrados para poder apartar preventivamente a los jueces, antes de la suspensión por parte de un jury . Se podría tomar esa medida durante la primera reunión del jurado en la audiencia de jurisdicción, “cuando se tornare inconveniente el ejercicio de su función” . Es decir, mucho antes de la eventual suspensión por parte del jury . Este apartamiento será por 90 días, prorrogables por otros 90. No supondrá la quita de la remuneración.
Pero además se pretende poner plazos al presidente de la Corte para que una vez presentada una denuncia fije la primera audiencia en un plazo no superior a los 30 días.
“Habrá debate”, reconoció a LA NACION la diputada Fioramonti, autora de la mayoría de los proyectos. En el Senado, el Frente para la Victoria cuenta con dos tercios de los 46 senadores, una mayoría suficiente para aprobar la reforma. En Diputados el Frente para la Victoria es la primera minoría, pero podría acordar con el Frente Amplio Progresista, que impulsó junto con Mariotto la ley de ética pública.
Esta propuesta establece que todos los funcionarios de los tres poderes del estado provincial -es decir, incluidos los jueces, camaristas y ministros de la Corte- presenten una declaración jurada patrimonial desde la asunción en el cargo.
El texto deberá ser actualizado una vez al año (actualmente rige el decreto-ley Nº 9624/80, que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.
La Corte no fue consultada formalmente sobre estos polémicos proyectos de ley. “El presidente no va a hablar. Pero el viso constitucional de la reforma, en lo que hace a la ley de enjuiciamiento de magistrados, suena muy raro”, dijo un hombre de confianza de Eduardo de Lázzari, titular del tribunal.
Cerca de Mariotto sostienen que sólo se trata de transparentar la Justicia y acelerar los procesos. En la actualidad hay 140 juries de enjuiciamiento en trámite.
“El presidente De Lázzari ha acelerado el jury en forma histórica. Fijó una audiencia cada quince días”, dijeron ayer en el palacio de tribunales. Los polémicos proyectos ingresaron anoche formalmente en el Senado. El debate recién empieza.
DECLARACIONES JURADAS PARA TODOS
El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, informó ayer que impulsará una ley de ética pública provincial. La iniciativa contemplará, entre otros aspectos, la obligación de presentar una declaración jurada de bienes a funcionarios de los tres poderes del Estado.
La iniciativa, que es del GEN, busca adecuar al ámbito de la administración de la provincia de Buenos Aires lo que ya rige en la Nación desde 1999, a partir de lo cual todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas sobre sus patrimonios, ingresos y egresos una vez cada año.Fte.lanacion