jueves 25 de febrero de 2021 🕒 11:22:51
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LA PLATA: En las próximas semanas el gobierno provincial enviaría a la Legislatura el proyecto Policía Judicial

El domingo pasado, antes de viajar por una semana a Francia, el gobernador Daniel Scioli mantuvo un breve encuentro con el vicegobernador Gabriel Mariotto, para coordinar cuestiones relacionadas al reemplazo en el Ejecutivo. Pero además, entre los temas salientes, se habló del proyecto de Policía Judicial, que el Ejecutivo provincial prevé enviar en las próximas semanas al Senado y que, de aprobarse, significará un cambio radical en el esquema de investigación de delitos complejos.

En efecto, ya no será la Policía Bonaerense la que haga esa tarea, sino un cuerpo especializado de peritos criminalistas dependiente del Poder Judicial.

Apenas Scioli retorne de su viaje, según trascendió en las últimas horas, los contactos se reactivarán. En esa línea, fuentes del ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que a partir del mes de febrero habrá reuniones entre el Gobernador, Mariotto y los presidentes de los bloques oficialistas en Diputados, Juan De Jesús, y el Senado, Cristina Fioramonti, para afinar la estrategia legislativa.

La administración Scioli buscará el mayor grado de consenso posible entre la “nueva legislatura”, con un fuerte perfil K, sobre el proyecto que enviará, para asegurarse que no quedará envuelta en un extenso debate en las cámaras.

PERFIL DEL PROYECTO

Por ahora, en el ministerio que conduce Ricardo Casal afirman que en las consultas previas se alcanzó un “altísimo grado de apoyo” a la iniciativa. Es que, en medio de los debates y tironeos con eje en la política de seguridad entre Nación y Provincia, el proyecto que tiene previsto enviar la el Ejecutivo tiene un perfil claro: sus lineamientos generales fueron redactados por los técnicos de la Comisión por la Memoria, un organismo de Derechos Humanos desde donde más se critica la gestión sobre seguridad de Scioli.

“Vamos a enviar a la Legislatura el proyecto de la Comisión por la Memoria. Es el más completo y el más integral. Han trabajado mucho y muy bien”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad a este diario.

En este marco, el Ejecutivo tiene pensado convocar en las próximas semanas encuentros con legisladores, representantes de la Comisión por la Memoria y de organismos de Derechos Humanos, para ultimar y pulir la letra fina del proyecto, que ingresaría por el Senado y sería el primero que envíe el gobierno bonaerense a la “nueva” Legislatura en este año.

CON LA OPOSICION

En el Ejecutivo confían que el proyecto, además de contar con el respaldo de la nueva conducción en la Legislatura, que responde directamente a la Rosada, también sumaría el respaldo de la mayoría de la oposición.

El año pasado, cuando Scioli anunció que impulsaría la iniciativa, algunos representantes de la oposición ligados al macrismo y el denarvaísmo, dieron señales de acuerdo, al menos en términos conceptuales.

El proyecto de la Comisión por la Memoria está en línea con los lineamientos contenidos en los “catorce puntos básicos para la implementación de la policía judicial”, que elaboraron organizaciones sociales, de Derechos Humanos, de profesionales del ámbito judicial y sindicales nucleadas en la llamada “Convergencia para la Democratización de la Justicia”, que también reclama, como segundo paso, la autonomía de la Defensa Pública.

Algunos de esos puntos fueron conversados en una reunión clave que mantuvieron representantes de la Comisión con el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, en la cual se resolvió adoptar el articulado propuesto por ese organismo. En principio, el más importante es la dependencia orgánica de la Procuración, pero también se incluyó la prohibición de traspaso de efectivos de la policía de seguridad a la nueva fuerza y la descentralización del cuerpo central en los departamentos judiciales.

CON CONTROL CIVIL

Además, en los 14 puntos se plantea la obligación de la Procuración de presentar un plan “estratégico” que contenga las prioridades de investigación en materia penal y la aplicación de mecanismos de control disciplinario y de gestión, que deberá ejercer el Estado, pero con “participación de la sociedad civil”.

En cambio, aún no está claro si los delitos detectados en situación de flagrancia serán incorporados o no al ámbito de competencia de la policía judicial, como pretendería el Ejecutivo.

Con todo, con el aval de la Comisión y la Convergencia, organizaciones que en otros casos ha realizado críticas severas a las políticas de la administración Scioli, el proyecto parece tener parte del camino asegurado hacia el recinto legislativo.

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