LA PLATA: En Diputados se aprobó una ley para agilizar los plazos de las adopciones
Los largos plazos de espera a los que están sometidos los bonaerenses que buscan adoptar un hijo -actualmente tienen iniciados los trámites en la Justicia unas 17 mil personas- y las dificultades que encuentran los 5 mil chicos institucionalizados en la Provincia para conseguir una familia adoptiva estarían cerca de quedar en el pasado.
Un proyecto de ley que impone profundos cambios en ese régimen legal con el objetivo de agilizar los tiempos de procedimiento fue aprobado ayer por unanimidad en la Cámara de Diputados y girado al Senado, que le daría sanción en las próximas semanas.
Si bien la norma en marcha no modifica la ley marco de adopciones, sobre la que legisla el Congreso nacional, el proyecto que avanza en la Provincia implica un cambio sustancial en el procedimiento judicial, desde las audiencias preliminares, hasta la entrega en guarda de un menor, pasando por la declaración del estado de “adoptabilidad” y el rechazo o la revocatoria, contemplando también situaciones especiales como la “entrega voluntaria”.
El proyecto impone plazos acotados para el cumplimiento de cada una de esas etapas. Según estiman los diputados que redactaron el proyecto, con este nuevo sistema se reduciría el tiempo que insume el procedimiento de adopción en la Provincia de los ocho años actuales a sólo tres. “Ahora, un juez tendrá como máximo un año para definir la situación de un menor”, explican.
Impulsada por legisladores del oficialismo pero elaborada luego de meses de trabajo conjunto con la oposición, la iniciativa fue aprobada ayer por unanimidad en la Cámara de Diputados, en una sesión en la que los bloques cruzaron elogios y destacaron el nivel de consenso.
En paralelo, la Cámara baja también aprobó ayer un proyecto complementario que modifica artículos del Régimen de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, para hacerlos compatibles con las nuevas disposiciones para la adopción.
Los fundamentos de la ley contienen una crítica abierta al sistema actual, al afirmar que se busca “terminar con la situación de los niños y adolescentes invisibilizados bajo la figura de abrigos, familias sustitutas, hogares, ONGs, guardas o cualquier otro nombre que se le dé a la institucionalización, que no es más que modo de enmascararlas, reproduciendo un esquema administrativo paternalista”.
Y aunque el objetivo principal es agilizar el proceso, los autores del proyecto subrayaron ayer que “de ninguna manera reemplaza la necesidad de contar con políticas sociales y agotar instancias para que los chicos puedan permanecer con sus familias directas o ampliadas en el caso de que sea posible”.
LOS CAMBIOS
Básicamente, el proyecto otorga potestad a los servicios locales, los primeros que toman contacto con un chico en situación de abandono, a gestionar directamente ante la Justicia la intervención para que se dicten medidas de abrigo. El juez de Familia que se haga cargo del procedimiento deberá analizar la situación particular con sus padres o familiares, realizar estudios y decretar en un plazo no mayor a un año si está en estado de “adoptabilidad”, que podrá ser dictado en forma sumaria si comprueba su situación de abandono o sus padres no se presentan a comparecer.
Completado ese trámite, el juez deberá comunicar su decisión al Registro de Aspirantes a Guardas, que a su vez deberá remitir, en cinco días, el listado de postulantes. Tras ello, en menos de tres semanas, el magistrado deberá resolver el inicio de la acción de guarda, proceso en el que intervendrán los familiares del menor. Y una vez obtenida la guarda de parte del potencial adoptante, se abre un período de evaluación -cuyos plazos no son establecidos por la ley- para el otorgamiento de la adopción definitiva, que deberá tramitarse bajo las normas de “procedimiento sumario”.
También se incluye la posibilidad de la “entrega voluntaria” para los progenitores que decidan entregar un chico en adopción, aún durante el período de embarazo.