LA PLATA: Ya es Ley la reforma del Tribunal de Casación de la Provincia
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires transformó en ley un proyecto para reformar y descentralizar el Tribunal de Casación Penal bonaerense
La iniciativa generó serios cuestionamientos en el seno del Poder Judicial.
El proyecto impulsado por el ministro de Seguridad bonaerense Ricardo Blas Casal ya tenía la media sanción del Senado provincial y esta tarde la cámara baja la transformó en ley.
El 30 de junio pasado, siete de los nueve jueces de Casación firmaron un duro documento en rechazo al entonces proyecto, donde hablaban de “desiguladad jurisprudencial”, “anarquía jurídica” y “cuadro poco optimista para la Justicia bonaerense”, entre otras duras conclusiones.
En La Plata funcionan desde 1997 las tres salas, con tres integrantes cada una. Desde entonces, la Casación se fue consolidando en la Provincia como un órgano unificador de doctrina.
Y esa centralización en los dictámenes, que sientan jurisprudencia sobre los distintos matices que fallan los numerosos juzgados y tribunales inferiores de los dieciocho departamentos judiciales, precisamente, es el factor de poder jurídico y político que no está dispuesto a negociar la Casación.
Con esta nueva ley se crearán nuevas salas, más allá de las tres que tienen sede en La Plata, y que funcionarán en Mercedes, San Martín, San Nicolás y Mar del Plata.
Así las salas que hoy están integradas por tres jueces pasarán a conformarse por dos integrantes. Y, sólo para casos de votos en disidencia, será sorteado un tercer juez. Así logrará la mayoría.
La integración de “a dos” acrecentará el número de salas. Y también de personal. Es por eso que en los últimos meses uno de los principales temas de conversación son los puestos que se generarán en la Casación descentralizada: los jueces dirimen los suyos, como siempre, con las reglas del Consejo de la Magistratura. Y los empleados y funcionarios de menor rango también hacen su juego. Es que los cargos para relator, secretario y auxiliar son muy codiciados porque están equiparados con jueces de primera instancia.
Los magistrados temen que con la descentralización, muchos intendentes del Conurbano se aseguren la impunidad en los casos de delito de “guante blanco”.
Dijo en privado “con la descentralización los intendentes tendrán injerencia en la designación de los magistrados y así se armarían de una red de impunidad que los protegería ante cualquier eventualidad con la ley”.
En el documento mencionado los magistrados aseguran que con esta medida se generará “falta de seguridad jurídica” para los bonaerenses en general y para el Tribunal “desorden y anarquía interpretativa”.
“La creación de salas descentralizadas conlleva el riesgo de provocar injustos tratamientos y hasta la anarquía jurídica”, detallaron los jueces en otro pasaje del documento que fue enviado el gobernador Daniel Scioli.
“Una descentralización de la labor casatoria carece de sentido práctico, pues conllevan entorpecimiento, demora, falta de objetividad y dispersión interpretativa”, concluye el documento.
Este portal se comunicó con uno de los jueces de Casación quien dijo “se perdió una batalla pero no la guerra” y aseguró que “no nos vamos a quedar quietos”.