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POLITICA: En solo 8 días caducarán cientos de normas con facultades que le delegó el Congreso y que resultan neurálgicas para la gestión pública

El paquete incluye alrededor de 200 leyes con delegaciones vigentes, pero los opositores pusieron el foco en apenas una treintena, sabedores de que, sin ellas, el Gobierno se encontraría atado de pies y de manos. Una de las más importantes es la de fijar retenciones al agro, contemplada en el Código Aduanero. Pero en el listado opositor figuran normas tan relevantes como ésa. Por ejemplo, la polémica ley de abastecimiento que agitó en las últimas horas el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para presionar a las principales empresas petroleras, o la que regula la Comisión Nacional de Valores, que controla los mercados y que también utiliza el oficialismo para marcar de cerca a las empresas.

No sólo eso: el paquete incluye delegaciones tributarias esenciales para el cobro de impuestos -contempladas en la ley de código de procedimiento tributario-, así como para la regulación de las entidades financieras -que figuran en la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central-. Por si fuera poco, figura, además, la ley de emergencia económica, que cede al Gobierno la potestad de fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas; de establecer compensaciones a las entidades financieras y renegociar los contratos de servicios públicos. La ley de reforma del Estado, que vía delegación legislativa permitió la privatización de numerosas empresas públicas, también figura en el paquete. Incluso en la ley de coparticipación federal hay una delegación clave que el Congreso cedió al Poder Ejecutivo, que es la de distribuir los fondos de los Aportes del Tesoro de la Nación (los polémicos ATN) entre las provincias a su discreción en caso de emergencia.

¿Qué sucederá con todas estas delegaciones? La oposición muestra opiniones divergentes; los más duros pretenden acotar lo más posible la acción del Gobierno, como la Coalición Cívica, pero otros bloques se exhiben más flexibles en algunas normas clave de gestión. De todas maneras, la premisa en común es no conceder una nueva prórroga en bloque de todas estas normas, como viene sucediendo desde 1999 hasta la fecha. La idea opositora es rediseñar, por ley, cada una de las delegaciones que caducan, otorgándoles las bases y los plazos que impone el artículo 76 de la Constitución Nacional. Al establecer estos límites precisos, el Gobierno quedará recortado en su accionar, esgrime la oposición.

“Hay regulaciones que resultan de estricta política económica -como normas tributarias o aranceles aduaneros- que no podría asumir el Congreso. Otras deben adecuarse a las exigencias constitucionales”, enfatizó el diputado Gustavo Ferrari (Unión Pro). Similar opinión esgrime la diputada Graciela Camaño (Bloque Peronista), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Fte.lanacion.com.ar

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