ELECCIONES 2011: Los decretos presidenciales condicionarían a la oposición
La Presidente sorprendió a la dirigencia opositora firmando cuatro decretos reglamentarios de la ley de Reforma Política 26.571. La oposición -en general-suponía que los decretos varias veces anunciados iban a aclarar las numerosas dudas sobre una ley ómnibus de 110 artículos. Pero esto no ocurrió. Los decretos 935, 936, 937 y 938 apuntan a un solo objetivo: restarle atribuciones a la justicia electoral para transferírselas al Ministerio del Interior, más precisamente a la Dirección Nacional Electoral (DINE) cuyo titular, Alejandro Tullio, habría sido justamente el autor de los decretos. Así es que al artículo 6 del Decreto 937 obliga a los juzgados electorales a traspasarle a la DINE la información completa sobre cada partido, sus autoridades, modificaciones, documentación, etc.
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 936 es sorprendente. Establece que las sanciones a los partidos que decida la justicia las aplicará el Ministerio del Interior. Una explícita operación para condicionar a la oposición, arrebatándoles a los jueces una función esencial. No son menos significativos los artículos 11, 13 y 14, que obligan a los partidos a informar a la DINE sobre sus cuentas. Tullio también podrá -o no- decidir si el Estado subsidia -o no- los gastos de mantenimiento de las cuentas partidarias y hasta tramitará las exenciones impositivas ante la AFIP. En síntesis, la nueva batería de decretos está convirtiendo a la cartera de Florencio Randazzo en una verdadera policía electoral, en detrimento de los jueces electorales que, con esta tendencia, tendrán un rol cada vez más pasivo.
Los padrones, un broche de oro
El progresivo pero firme proyecto kirchnerista de someter a los partidos es sólo un aspecto. Porque el Decreto 935 precisa pormenores del futuro Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que también depende de Randazzo, tendrá a su cargo la carga de datos informatizados del nuevo Registro Nacional de Electores. Y se utilizará asimismo la firma digital. La Cámara Nacional Electoral sólo administrará el resultado del trabajo del Ministerio y ya circulan las suspicacias sobre qué puede pasar con un padrón armado por el gobierno, con escasas posibilidades de control judicial o partidario, por lo menos en su confección. La nueva reglamentación también incorpora el inconfundible toque K, ya que crea la figura del “elector ausente por desaparición forzada”, todo un tributo a las Madres y Abuelas.
A todo o nada
Los cuatro decretos confirman, por si hiciera falta, que los Kirchner en el 2011 van por todo. La Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral -tal es su pomposo título- va girando así, a través de su reglamentación, de un sistema de control judicial de los partidos a otro de control gubernamental. Los resultados, en la práctica, pueden llevar a que la dirigencia opositora, en lugar de tratar con los jueces -que no participan de la lucha política- termine teniendo que inclinarse ante los nuevos dueños de la lapicera: Randazzo y Tullio. Siguiendo la senda que marcó Guillermo Moreno en otros campos, éstos serán a la vez juez y parte. De este modo los Kirchner parecen decididos a ahorrarse en buena medida la intermediación de los jueces electorales, mediante el sencillo procedimiento de vaciar sus funciones.Por Carlos Tortora para el informadorpúblico, textual