CASO URBANI: Se suspendió el juicio por un paro de los empleados de Bienestar Social
El juicio por el asesinato de Santiago Urbani, que murió durante un intento de robo el año pasado, se suspendió debido a un paro que realizan los empleados de Bienestar Social de la Provincia, encargados de trasladar a los menores que estaban acusados por el crimen. “Es una falta de respeto que por una huelga nos tengan esperando hace tres horas”, se quejó el abogado de la familia del joven asesinado, Jorge Casanovas. El debate se iba a desarrollar en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro, ubicado en avenida Andrés Rolón 943, esquina Nicolás Avellaneda, de esa localidad del norte del conurbano. El tribunal está presidido por el juez Alberto Villante e integrado por sus colegas Mirta Angélica Ravera Godoy y Silvia Noemí Chomiez. Se estima que el juicio será largo, ya que hay citados 130 testigos y las audiencias están fijadas de lunes a jueves hasta el 24 de junio. El fiscal de juicio será Andrés Zárate, que es el fiscal del fuero penal juvenil que instruyó la causa, y la familia Urbani estará representada por el abogado Jorge Casanovas, ex camarista, ex ministro de Justicia bonaerense y ex diputado nacional. “Iremos con la expectativa de lograr la máxima condena. Estos menores están acusado de delitos muy graves y no hay dudas de que fueron ellos porque entre otras cosas confesaron su participación en el hecho”, adelantó Casanovas. La madre y la hermana de la víctima, Julia Mónica Rapazzini y Florencia Urbani respectivamente, serán las testigos clave del debate, ya que ambas estaban en la casa en el momento del crimen, pero recién declararán el 15 de junio, aunque hoy acompañarán a su abogado. Los imputados son dos adolescentes que ahora tienen 17 años pero al momento del hecho tenían 16 y cuyas identidades no pueden revelarse por ser menores de 18 años. Ambos están imputados de los delitos de “robo doblemente calificado y homicidio calificado criminis causa -cuando se mata para ocultar otro delito y lograr la impunidad- en concurso real con portación ilegal de arma de guerra”. Si bien el delito de homicidio calificado está penado con prisión perpetua, al tratarse de dos menores de edad, este juicio podría terminar con los dos imputados declarados “responsables” pero sin una imposición de pena hasta que cumplan los 18 años. Incluso, podrían ser beneficiados con una reducción de la condena. Sin embargo, Casanovas aseguró que “este juicio no debería finalizar con una pena diferida porque eso corresponde a la vieja Ley Nacional de Menores 22.278 que en la provincia fue reemplazada por la ley que creó el Fuero Penal Juvenil, que se maneja con el código y las penas de los mayores”.