ECONOMIA: EL PROYECTO DE LEY DE CREDITO PRODUCTIVO Y COBERTURA UNIVERSAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

 Informe producido por el Dr. Rodolfo Rossi, ex presidente del BCRA, para PRISMA.El 26 de Abril pasado, se dio a conocer la propuesta de modificación de la Ley Número 21.526, del 14.2.1977, de Entidades Financieras, “con la intención de tonificar el rol del Estado y conseguir un amplio mercado de crédito bancario para todos”.  El citado Proyecto manifiesta en sus considerandos, que “colaborará con el desarrollo político y social del país”, a través de la regulación de tasas para actividades específicas y la implementación de reglas diferenciadas para las entidades privadas de trascendencia y las cooperativas de crédito o cajas populares. A diferencia de la ley vigente, se limitará las funciones de las entidades financieras a través de la taxativa especificación, de lo que les está permitido hacer y también, de lo que no les está permitido hacer. Esta propuesta de nueva Ley de Entidades Financieras, se propondría definir la actividad bancaria como un servicio público. La propuesta se complementaría, con un proyecto adicional para regular la actividad de las pequeñas y medianas empresas y otro, para modificar el sistema impositivo, a fin de “distribuir verdaderamente y dar a los que necesitan, sacándoles a los que más tienen”.  Según el Proyecto, la actividad financiera, se orientará a satisfacer las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. Se obligará a las entidades, a destinar parte de sus carteras, a la actividad productiva de las Pymes y se crea un régimen de garantía de los depósitos, que incluye la estatización de Sedesa (Seguro de Depósitos SA.). En cuanto a la tasa de interés de los préstamos destinados a las Pymes, no podrán superar en una proporción del 5 %, una tasa promedio ponderada del sistema financiero. Por otra parte, ninguna entidad podrá tener una participación de mercado superior al 8 %, en el nivel del total de los depósitos y de los créditos. Serán consideradas entidades extranjeras, aquellas que tengan el 30 % o más, de capital no nacional y en tal caso el Poder Ejecutivo, autorizará su funcionamiento, con reciprocidad del país de origen de tal capital.  Si bien es razonable los propósitos que guiarían al Proyecto presentado, parecería que su encuadramiento, constituiría un “nuevo avance regulatorio del Estado, en la actividad privada”.  Su aplicación práctica, causaría resquemor por el exceso regulatorio estatal, en un ámbito como el financiero, que es sumamente sensible, a las condiciones y oportunidades de los mercados, que en definitiva, constituyen la base para su desarrollo.  Es indudable, la necesidad regulatoria del sistema para evitar la sucesión de hechos especulativos, que mucho daño hicieron en el pasado en nuestro país, con sensible pérdidas, que finalmente, fueron socializadas y pagadas por los contribuyentes. También la codicia financiera y la mal interpretada libertad de los mercados, con la confusión de Banco Comercial y Banca de Inversión, causó recientemente, grandes perjuicios económicos a EEUU y al mundo, por el abandono, en definitiva, del cumplimiento de las Normas de Basilea y de las evidentes fallas de las Agencias de Calificación crediticia. Pero no el caso, actual y vigente, de nuestro país y su sistema financiero. Nuestro país necesita imperiosamente de capital, de ahorro y de inversión. Fundamentalmente, requiere una verdadera monetización de su economía. ¿Qué significa ello? Acrecer en los Medios de Pagos, que en su relación al PIB, apenas superan el 17,4 %. Acrecer en el monto de los Depósitos Privados, que en la actualidad, solamente son el 16,3 % del PIB. Acrecer en el monto de los Préstamos al Sector Privado no Financiero, que no alcanzan al 12,1 % del PIB. Necesitamos, por lo menos, para ser un país capitalista, duplicar los citados porcentajes, para que el país crezca activamente, en sus  niveles de productividad y riqueza, con los mejores salarios consecuentes. Necesitamos, sí regulaciones racionales, de conducta y conducción, pero fundamentalmente, confianza en las instituciones y en los procederes, para que el trabajo verdadero, capitalice al país, en un ámbito de competencia y austeridad.  En definitiva, una reforma a la Ley de Entidades Financieras requiere generar confianza, para que el ahorro se vuelque activamente, a la actividad productiva, constituyéndose ésta en la verdadera atracción para crecer, capitalizar y distribuir.  Parecería que el proyecto presentado no reuniría las condiciones adecuadas para el mejoramiento de las expectativas económicas, fundamentales para el estímulo de la inversión, base para lograr el Bienestar para Todos