JUBILACIONES DE OFICIO: Fueron congeladas por el Juez Arias
El Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, congeló la aplicación de la jubilación de oficio a la que pensaba echar mano el Ejecutivo para resolver sus cuestiones de caja, con una medida cautelar que beneficia a tres casos de agentes públicos en particular, pero que podría extenderse a todo el universo de la administración pública bonaerense comprendidos en la polémica decisión. La Justicia, interpretó que si bien ese tipo de jubilaciones está contemplada en la Ley, está sujeta a una serie de requisitos y plazos que el gobierno cambió de manera intempestiva “con un decreto que obliga a la gente a jubilarse de un día para el otro”; violando un principio básico de confianza legítima. La medida que beneficia a Ana Nichele; Graciela Brusasco y María Serantes; tres empleadas del Instituto de la Vivienda de la Provincia que recurrieron la resolución del Gobierno bonaerense, ordena al Estado a “que se abstenga de disponer el cese” de las actividades en el ámbito laboral de las accionantes, toda vez que al haber sido ordenado de modo intespectivo y abrupto, viola el principio de la confianza legítima del trabajador.
Arias, entendió en su resolución –aunque de todas formas no se expidió, aún, en la cuestión de fondo- que la modificación del decreto reglamentario del a Ley que ejecutó el Gobierno bonaerense con el propósito de darle un margo legal a las denominadas jubilaciones de oficio, “cambia las reglas de juego” obligando a los empleados públicos a jubilarse “de inmediato”, cuando la reglamentación anterior establecía que el retiro debía concretarse luego de una serie de plazos.
El gobierno bonaerense resolvió jubilar de oficio a alrededor de 10.000 empleados estatales que continúan trabajando, en medio de fuertes cuestionamientos de parte de los representantes gremiales quienes denunciaron que la medida es “ilegal, arbitraria e inhumana” porque viola un acuerdo paritario convenido en abril de 2009 con funcionarios de las distintas carteras para evitar que, como se hizo en años anteriores, la decisión se llevara a la práctica sin el blanqueo salarial reclamado.
“La iniciativa, tomada unilateralmente por el gobernador Daniel Scioli, viola el acuerdo al que se había llegado, junto a los ministros, en la paritaria general del 6 de abril de este año”, había dicho el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA provincia), Hugo God