INSEGURIDAD: Vecinos de San Isidro piden juicio politico para el Juez Rafael Sal Lari
El planteo contra Sal Lari fue acordado ayer en un encuentro en la Capital Federal que contó con la presencia del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien promovió el pedido de juicio político al magistrado a pedido de la familia de Carlos Regis, el ingeniero asesinado en julio de 2008 en Beccar por dos delincuentes beneficiados con la libertad por el magistrado. La hija de Regis, Carla, abrió el encuentro leyendo una carta dirigida a los miembros del Tribunal de Juicio Político, a pocas horas de que el jury de enjuiciamiento, que se reunirá a las 14, decida se instruye o no un sumario contra el magistrado.Regis, de 24 años, quien resultó gravemente herida el día que asesinaron a su padre, sostuvo en su carta que “como ciudadanos nos encontramos abocados a llevar adelante la denuncia contra un funcionario que forma parte de uno de los tres poderes, el juez de Garantías Rafael Sal Lari, magistrado que no escucha el clamor popular, que pide desesperadamente que se proteja la vida, y termina beneficiando a asesinos, violadores y ladrones o deja encarcelada a gente humilde, inocente, pese a que un Tribunal superior dispusiera su libertad muchos meses antes”.
En el encuentro participaron también otras víctimas de la delincuencia: Sebastián Regis, otro de los cuatro hijos del ingeniero asesinado, Vivian Perrone, Marta Barberis de Garrido, Sofía Mata, Gabriel Ferlas, Laura Macías e Isabel Yaconis, entre otros familiares que perdieron a sus seres queridos por el criminal accionar de los delincuentes.
Los familiares víctimas de la delincuencia dieron a conocer ocho causas por las que fuera denunciado el juez Sal Lari de modo tal que pueda ser investigado por el Jury de Enjuiciamiento. Además de la eximición de prisión de los asesinos del ingeniero Regis, figuran la denegación de detención de dos presuntos violadores, la excarcelación de un abusador, la libertad a un imputado por robo y abuso sexual, medidas alternativas y morigeradas a los imputados por el robo del Banco Río, denegación de allanamientos en lugares de comercialización de estupefacientes y denegación de libertad a un ciudadano que estuvo más de siete meses detenido luego de haberse dispuesto su libertad provisoria.