JUSTICIA: El Concejal Asencio del Frente Renovador acosado por demandas Judidiciales
Los que iniciaron la demanda contra el candidato del Frente Renovador fueron los propietarios del local, Gustavo Guillermo Morales y Pablo Horacio Morales, ubicado en Entre Rios 3097 de San Justo, quienes demandan a Asencio por “Desalojo por falta de pago” y “cobro ejecutivo de alquileres”.En total, esa intimación alcanza la suma de 19.800 pesos en concepto de alquileres adeudados, más sus intereses y costas. Es en concepto de los montos impagos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2010 y enero, febrero del año 2011.
Paralelamente, los hermanos Morales iniciaron otra causa por el cobro de pagarés por casi cien mil pesos que no habían sido abonados por parte de Asencio. Cabe destacar que se presume que la mayor parte del alquiler habría sido abonado “en negro”, ya que según fuentes bien informadas habrían sido firmados el mismo día que se acordó el contrato de locación. En el expediente nº 36.067/2012 (Morales Gustavo Guillermo C/Asencio Fernando Rodrigo y otros S/Ejecutivo) que tramita el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24, se demanda a Asencio un monto total de $ 50.133,66, sin incluir los costos y costas del juicio, por una serie de pagarés que llevan su firma y que nunca fueron abonados. En el otro expediente judicial, el n° 33.244/2013, la demanda es de $ 47.437,59. En total, la deuda es de casi $100 mil pesos y todo por el incumplimiento de pagos durante tres años. HISTORIA: El 30 de marzo de 2009, el Concejal alquiló un local ubicado en la calle Entre Ríos 3097 (San Justo), donde el concejal Asencio instaló en ese momento el Comando Central del Peronismo Federal. En la ocasión presentó como garante a Gladis Patricia Tapia y Marcelo Maidana (sufre ataxia de Friedreich). Según Maidana en declaraciones periodísticas un día antes que se termine el contrato, el ahora hombre del massismo decidió “borrarse”. En el lugar no dejó ni un mueble, pero sí una deuda que, entre valores oficiales y en negro, alcanza los casi 100 mil pesos y es investigada por la Justicia.