1. Ingresos Brutos: el objetivo es que la presión tributaria baje del 5,8% al 5,5% del PBI geográfico. El primer paso es bajar uno de los gravámenes más distorsivos, y los cambios dependen del sector de la economía o de la facturación de las empresas. Para las industrias, la alícuota baja del 1,75% al 1,5%, y aquellas empresas que facturan hasta $78 millones por año no pagarán este impuesto.

Para la construcción, el proyecto dispone baja del 4 al 3%, y para los comercios se mantiene , aunque baja de 3,5% a 2,5% para las pymes que facturan hasta $2 millones por año. En el caso del agro, los que facturan hasta $3 millones quedarán exentas.

2. Extraña jurisdicción y Sellos: Salvai y Lacunza se miran buscando una respuesta cuando se le pregunta el origen de Ingresos Brutos a “extraña jurisdicción”. “Se elimina para todo”, anticipó Salvia. Esto quiere decir que dejan de existir las diferencias en tasas para las empresas que no tengan domicilios en la provincia o productos industriales que vienen de otras provincias.

En segundo lugar, el impuesto de Sellos baja del 3,6% al 2%. Este gravamen está presente en el registro y compra-venta de inmuebles.

3. Revalúo fiscal (impuesto inmobiliario): aumentará tanto para las propiedades urbanas como para las rurales. Las actualizaciones tienen un tope promedio de 56% y la máxima es del 75 por ciento. “El aumento será de $40 por mes para una de cada dos propiedades”, adhirió Salvai.

El tope homogénero para las propidades rurales es del 50% de suba en el revalúo, y el aumento máximo será de $61 mensuales para la mitad de los campos. “Se exime a los campos de hasta 5o hectáreas y a los inundados o con algún tipo de afección”, considera Lazunca.

Lacunza agrega que hoy se paga $11 el metro cuadrado de tierra. “Se recauda más  por impuestos a vehículos que a los inmuebles”.

4. Tope de gastos a municipios: dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se quiere evitar el gasto de personal creciente asociados a ciclos electorales. Para ello habrá reglas. El gasto corriente debe crece como máximo al nivel de la inflación, y el empleo público al ritmo de la población. “Si el municipio se adhiere, podrá endeudarse y pedir asistencia financiera si necesitan. Sino no”, advierten.

5. Adiós a algunas exenciones: el sistema impositivo de la Provincia generó situaciones insólitas. Los gremios y partidos políticos no pagan impuesto inmobiliario. Mutuales financieras y de seguros que no abonan Ingresos Brutos. Partidos políticos y agrupaciones municipales con autos a su nombre que no pagaban, por ejemplo, patente. Esos privilegios se terminan porque “hay que nivelar la chancha”, dice Salvai.

6. Menos presupuesto para la Legislatura: en la primera reunión, los diputados y senadores propusieron ajustarse el cinturón en $600 millones. Pero a Vidal no le alcanzó, y la última propuesta llegó a $2.500 millones.

Los legisladores bonaerenses deberán desprenderse de parte de su “cajita feliz”, esos gastos extras como becas, subsidios a organizaciones civiles y los 18 asesores que tienen en promedio.

Y el mensaje político no termina allí. Vidal quiere derogar las jubilaciones de privilegio del gobernador, vicegobernador y legisladores. Hasta hoy, todo ese grupo se puede jubilar con menos edad y menos aporte. Y los legisladores deberán presentar una declaración jurada anual.

7. Cargos políticos en la mira: no tienen el número exacto, pero calculan que son unos 150 los cargos políticos -no personal de planta permanente-que en 2018 se tendrán que ir. A través de modificar la ley de ministerios, se reducirá el gasto público eliminando subsecretarías y direcciones provinciales. Hay proyectos más y menos agresivos.

Por ejemplo, el recorte más conservador es eliminar 50 de las 277 direcciones provinciales. El escenario más extremos es recortar 89. Con todo, se calcula un ahorro de $500 millones. El ejemplo empieza por casa.