LA PLATA: Scioli dispuso premiar con $10.000 a quienes denuncien maniobras de evasion de vecinos

Los habitantes de la provincia de Buenos Aires podrán denunciar ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) maniobras de evasión fiscal de otros vecinos y, de comprobarse el delito, tendrán derecho a una recompensa de hasta 10.000 pesos.

La iniciativa está incluida en el proyecto de ley impositiva que el gobierno bonaerense remitió anteayer a la Legislatura provincial y se trata de un sistema de denuncia pública tributaria que, reglamentación mediante, permitirá que los denunciantes perciban una suma de dinero “equivalente a un porcentaje del monto de las sanciones tributarias que pudieran llegar a imponerse” a los denunciados.

“La idea es imponer una mayor conciencia tributaria para que la gente tenga cada vez más en claro que evadir es un delito, como robar o matar”, explicó a LA NACION el ministro de Economía, Alejandro Arlía, al defender la propuesta. Según el funcionario, la medida reconoce antecedentes en EE. UU., España, Perú y Ecuador, entre otros países.

“Tengo la convicción de que, si un vecino tiene una exposición patrimonial extraordinaria y yo sospecho de que no está pagando los impuestos, hay que denunciarlo”, señaló el ministro, al rechazar la idea de que la iniciativa podría incitar a la delación. En tal sentido, Arlía consideró: “Así como vamos a acorralar a los evasores para que a cada momento sientan que es más riesgoso no pagar que cumplir con el fisco, tampoco vamos a dejar pasar falsas denuncias y vamos a penalizar a quien las haga”, advirtió.

De todas formas, sólo con la reglamentación de la norma podrá definirse si se aceptará como denuncia válida las sospechas o si los denunciantes tendrán, además, que aportar algún tipo de prueba sobre sus dichos.

El artículo 186 del proyecto de ley impositiva para 2012 propone “facultar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a implementar, en la forma, modo y condiciones que al efecto establezca, un sistema de Denuncia Pública Tributaria a través del cual cualquier interesado podrá poner en conocimiento del citado ente, hechos, actos, omisiones o situaciones que puedan llegar a constituir infracciones fiscales, constituir o modificar hechos imponibles, o que puedan vincularse con la recaudación de tributos”.

Según ese texto, “las denuncias no podrán ser realizadas en forma anónima” y habrá un tope de recompensa fijado en $ 10.000. Además, “el pago de la suma que corresponda al denunciante se efectivizará luego de producido el cobro de las sanciones impuestas como consecuencia de la denuncia”. El artículo de marras también aclara que “los denunciantes en ningún caso serán considerados como parte en las actuaciones administrativas o judiciales que pudieran iniciarse o sustanciarse con motivo de la denuncia efectuada, ni podrán formular reclamos o interponer recursos contra lo resuelto por ARBA”.

Arlía destacó: “Tiene que quedar claro que el pago al denunciante se efectivizará una vez que ARBA logre determinar y cobrar el monto de las sanciones impuestas al contribuyente denunciado”. No obstante, en el gobierno bonaerense no todos creen que este artículo podrá pasar exitosamente el filtro legislativo: recuerdan que a fines de 2008, el ex recaudador bonaerense Santiago Montoya propuso utilizar informantes que denunciaran incumplimientos en el pago de tributos como forma de contribuir al combate contra la evasión. Pero la iniciativa fue abortada por “inconstitucional” y fue descartada en la Legislatura.

Por último, la iniciativa que ahora se reflota sostiene que “los denunciantes en ningún caso serán considerados como parte en las actuaciones administrativas que pudieran iniciarse o sustanciarse con motivo de la denuncia efectuada, ni podrán formular reclamos o interponer recursos contra lo resuelto por la mencionada Autoridad de Aplicación en el marco de las mismas”.

Hoy, ARBA recibe denuncias sobre sospechas de evasión pero no tiene la facultad de recompensar a los denunciantes. En 2008, el por entonces jefe de Rentas bonaerense, Santiago Montoya, propuso crear las figuras del informante, arrepentido y agente encubierto, pero la Legislatura no acompañó la idea, que generó una amplia polémica y hasta fue considerada inconstitucional.Fte.infobae